El presente artículo analiza la atención médica integral y
los procesos de vinculación a los servicios de salud de las personas con VIH atendidas
por el Programa de Salud, VIH e ITS “Rafael Rangel” en el estado Mérida
(Venezuela) durante el mes de enero de 2026.
A partir de la información registrada en el formato de
navegación de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) en el marco de la
Subvención del Fondo Mundial de SIDA, Tuberculosis y Malaria para Venezuela y así
como las consultas de VIH y otros servicios de salud, se examinan indicadores
psicosociales, situaciones de discriminación, acceso efectivo a servicios
médicos, comorbilidades asociadas al SIDA y el rol estratégico de la navegación
comunitaria.
Los hallazgos evidencian avances en la vinculación a
servicios, pero también persistentes barreras estructurales y prácticas
discriminatorias que afectan la garantía del derecho a la salud.
1. Introducción
La respuesta al VIH en Venezuela se desarrolla en un
contexto marcado por limitaciones estructurales del sistema de salud, escasez
de recursos, rotación de personal y una alta dependencia del trabajo articulado
con organizaciones de la sociedad civil. En este escenario, la atención médica
a las personas con VIH no puede entenderse únicamente desde la provisión de
terapia antirretroviral (TARV), sino como un proceso integral que incluye
acompañamiento psicosocial, navegación en servicios de salud y defensa activa
de los derechos humanos.
El Programa de Salud, VIH e ITS “Rafael Rangel” del estado
Mérida constituye un referente regional en la articulación entre el sistema
público de salud y actores comunitarios a nivel nacional.
El análisis del mes de enero de 2026 permite identificar
tendencias relevantes sobre el acceso, la continuidad de la atención y los desafíos
persistentes para las personas con VIH atendidas principalmente en el Instituto
Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) ubicado en la parroquia civil
Domingo Peña, del municipio Libertador del estado Mérida.
2. Metodología
El estudio se basa en un análisis descriptivo de los datos
contenidos en los instrumentos de navegación correspondiente a enero de 2026;
también las conversaciones directas con las personas con VIH, por la
responsable regional, la licenciada Diana Lobo del llenado del formato en el
estado Mérida. Se examinaron seis grupos de indicadores:
1.
datos institucionales,
2.
indicadores psicosociales,
3.
condiciones laborales y económicas,
4.
situaciones de discriminación,
5.
indicadores de navegación y
vinculación a servicios, y
6.
observaciones cualitativas
registradas por las organizaciones acompañantes.
El enfoque es cualitativo–cuantitativo, con énfasis en la
interpretación de los datos desde una perspectiva de derechos humanos y salud
pública
3. Resultados
3.1 Indicadores psicosociales y
condiciones de vida
Durante enero de 2026, se registró que 30 personas con VIH manifestaron
afectaciones de salud mental, principalmente ansiedad, estrés y miedo. Estos
indicadores reflejan el impacto emocional de vivir con VIH en un contexto de
precariedad económica y social. De manera significativa, 50 persona con VIH reportaron haberse
acostado a dormir con hambre en el último mes por falta de recursos, lo que
evidencia una relación directa entre inseguridad alimentaria y adherencia al
tratamiento.
En el ámbito laboral, solo 60 personas con VIH contaban con empleo formal, mientras que 55 personas con VIH se desempeñaban en
la economía informal. Preocupa que 7
personas con VIH reportaran exigencias de pruebas de VIH como requisito
laboral, práctica contraria a la normativa nacional e internacional de derechos
humanos
3.2 Discriminación en servicios de
salud y entorno social
Los datos muestran que la discriminación sigue siendo una
barrera real. En los últimos tres meses, 5 personas con VIH reportaron negación de atención médica por su
condición serológica y diez (10) recibieron
recomendaciones de abstenerse de relaciones sexuales por vivir con VIH.
Asimismo, se documentaron casos de abuso verbal o físico y rechazo social.
Particularmente relevante es la persistencia de prácticas
institucionales discriminatorias, como la exigencia de kits especiales de
bioseguridad o dobles guantes para procedimientos quirúrgicos en personas con VIH,
a pesar de la existencia de circulares ministeriales que prohíben dichas
acciones. Estas prácticas refuerzan el estigma y afectan la calidad de la
atención.
3.3 Atención médica, comorbilidades
y mortalidad
En enero de 2026 se reportaron cuatro (04) fallecimientos de personas con VIH por comorbilidades
asociadas al SIDA, tres de ellos ocurridos durante el mes analizado. Además, cinco (05) personas con VIH
presentaron comorbilidades severas como neumonía, tuberculosis, toxoplasmosis,
citomegalovirus y candidiasis, lo que evidencia diagnósticos tardíos o
dificultades en el seguimiento clínico.
Se registraron nueve
(09) hospitalizaciones, con predominio de hombres, y la atención a cinco (05) mujeres embarazadas con VIH,
todas bajo TARV, lo cual representa un avance en la prevención de la
transmisión vertical. En población pediátrica y adolescente, un total de veinte
(20) menores de edad recibieron
TARV, lo que demuestra continuidad del tratamiento en estos grupos prioritarios
3.4 Navegación y vinculación a los
servicios de salud
Uno de los hallazgos más relevantes es que treinta y nueve (39) personas con VIH nuevas fueron efectivamente vinculadas o
remitidas a servicios de salud durante el mes de enero. Asimismo, se
identificaron veinte y dos (22) nuevos
diagnósticos de VIH, con predominio en hombres, y cinco (05) personas iniciaron
tratamiento preventivo para tuberculosis.
Estos resultados confirman el papel clave de la navegación
comunitaria como estrategia para reducir barreras de acceso, acompañar a las
personas recién diagnosticadas y facilitar la continuidad de la atención en un
sistema de salud fragmentado
4. Reflexión.
Los datos analizados reflejan una doble realidad. Por un
lado, el Programa de Salud, VIH e ITS “Rafael Rangel” y las organizaciones de
la sociedad civil logran sostener procesos de atención, diagnóstico y
vinculación a servicios, incluso en condiciones adversas.
Por otro, persisten problemas estructurales: rotación de
coordinadores, renuncia del infectologo del programa, tensiones institucionales
y prácticas discriminatorias dentro del principal centro de referencia
hospitalaria del estado.
La intención de excluir a las organizaciones civiles del
IAHULA resulta especialmente preocupante, ya que estas cumplen funciones
esenciales que el sistema público no está cubriendo de manera suficiente, como
consejería, provisión de insumos, apoyo nutricional, exámenes especializados y
acciones de prevención combinada.
5. Conclusiones
La atención médica y la vinculación a los servicios de salud
de las personas con VIH en Mérida durante enero de 2026 muestran avances
concretos en términos de navegación y acceso, pero también revelan profundas
brechas asociadas a la discriminación, la inseguridad alimentaria y la
fragilidad institucional. Fortalecer la articulación entre el Programa de
Salud, el IHULA y las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la
formación continua del personal de salud y reconocer formalmente el rol de
navegadores y monitores son acciones clave para asegurar una respuesta
integral, digna y basada en derechos humanos para las personas con VIH en el
estado Mérida
Mayor información: previniendocontigo@gmail.com
