Carta abierta
António Guterres
Winnie Byanyima ONUSIDA
Con respeto y determinación, escribo para abordar un breve párrafo con consecuencias desmesuradas. El párrafo 39 del informe del Grupo de Trabajo 3 de la Iniciativa UN80 expresa la intención de «eliminar ONUSIDA a finales de 2026», con la posterior «integración» de sus funciones en 2027. La brevedad de esta propuesta oculta su gravedad. Apunta al desmantelamiento de un pilar de la respuesta mundial al VIH en dos frases, sin un análisis de impacto articulado, sin garantías de transición y sin un registro público de a quién se ha consultado. Teniendo en cuenta lo que está en juego: vidas, logros conseguidos con esfuerzo y la credibilidad del liderazgo multilateral en materia de salud pública, esto no es una reforma, es una deconstrucción precipitada.
ONUSIDA no es simplemente otro nodo programático de las Naciones Unidas. Es el único organismo de las Naciones Unidas cuya estructura de gobernanza integra a las comunidades, incluidas las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y la sociedad civil, en su Junta Coordinadora del Programa, lo que da a las comunidades una voz institucionalizada y un puesto formal en la mesa. Ese diseño no es simbólico. Es la columna vertebral de una respuesta que se ha centrado constantemente en los derechos humanos, el seguimiento dirigido por la comunidad y la experiencia vivida, junto con la epidemiología y las pruebas programáticas. Borrar este acuerdo en nombre de la «integración» es invertir la lección que el VIH ha enseñado a la salud mundial: las respuestas tienen éxito cuando las comunidades no son una idea de último momento, sino arquitectas.
El plan de eliminar ONUSIDA presupone que su valor distintivo puede ser absorbido sin fricciones en otros lugares. Esa suposición no ha sido probada y, según las pruebas actuales, es infundada. ONUSIDA desempeña una función única de convocatoria y establecimiento de normas entre los organismos patrocinadores. Integra la gestión política con la orientación normativa; hace que los Estados miembros rindan cuentas de los objetivos mundiales con plazos determinados y establece los datos, los objetivos y los marcos basados en los derechos de los que dependen los socios de ejecución. El Fondo Mundial y otros instrumentos de financiación se basan en la orientación, los modelos y los objetivos del ONUSIDA para armonizar las inversiones, calibrar los diálogos entre países y evaluar los progresos. La pérdida o dilución de ese centro de coordinación crearía una incertidumbre inmediata sobre los objetivos, los indicadores y la coherencia de las políticas. ¿Quién, exactamente, llenará ese vacío el primer día de la expiración? ¿Qué mecanismo vinculante garantizará que las comunidades conserven el poder de decisión en lugar de quedar relegadas a consultas ad hoc?
El proceso, tal y como se describe actualmente, suscita preocupaciones adicionales. Dos frases no pueden sustituir a un plan de transición transparente y secuenciado en el tiempo, basado en la evaluación de los riesgos para la salud pública, el análisis fiscal y el diseño de la gobernanza. «Consultas»: ¿con quién? ¿Se involucró de manera significativa a las personas que viven con el VIH, las redes de poblaciones clave y la delegación de ONG en la Junta Coordinadora del Programa? ¿Se presentaron a los donantes, los ejecutores y los consejos nacionales del sida opciones detalladas, compensaciones y aspectos no negociables? A falta de pruebas, la propuesta parece débil desde el punto de vista procedimental y poco elaborada desde el punto de vista analítico. No se trata simplemente de una crítica al proceso, sino de una señal de advertencia sobre la diligencia debida institucional en una era de crisis múltiples y riesgo de patógenos.
La disolución del ONUSIDA también supondría la evaporación de la voluntad política en la cúspide del sistema multilateral. La respuesta al VIH no ha «terminado», sino que se encuentra en un punto de inflexión. Los avances siguen siendo desiguales, la criminalización persiste, las lagunas en la prevención continúan y las desigualdades estructurales (de género, raza, migración y pobreza) siguen impulsando la incidencia. La eliminación de un motor político especializado y arraigado en la comunidad ahora predeciblemente frenaría el impulso, fracturaría la rendición de cuentas y alentaría los retrocesos. Las decisiones de salud pública tomadas con precipitación, alejadas de las comunidades afectadas y desvinculadas de la arquitectura del sistema en su conjunto, tienden a costar más (en dinero y en vidas) de lo que pretenden ahorrar.
No defiendo el statu quo. La respuesta debe evolucionar: mayor eficiencia, delimitación más precisa de las funciones con los copatrocinadores, fortalecimiento de los datos comunes y presupuestación disciplinada y basada en los resultados. Es totalmente razonable buscar un «adecuado para su propósito» ONUSIDA, más integrado con las plataformas regionales y nacionales, y rigurosamente orientado a un impacto medible. Pero la evolución no es extinción. Un ONUSIDA reformado es compatible con la lógica más amplia de la reforma de la ONU80; un ONUSIDA disuelto no lo es.
Como mujer trans indígena que vive con el VIH y como persona que ha copresidido el trabajo sobre un ONUSIDA sostenible y adecuado a su propósito, me veo obligada a decirlo claramente: desmantelar ONUSIDA socava la arquitectura misma que protegía vidas, promovía derechos y enseñaba a la salud mundial cómo centrarse en las comunidades. Se corre el riesgo de desperdiciar un capital político que no podemos reconstruir fácilmente y se invita a la fragmentación precisamente en el momento en que necesitamos coherencia entre las pandemias, la preparación y la equidad. Secretario General António Guterres, le insto respetuosamente a que reconsidere el párrafo 39, teniendo en cuenta las pruebas de salud pública y el liderazgo político de las comunidades y los países por igual. Podemos hacer algo mejor que una desaparición en dos frases. Podemos diseñar un ONUSIDA renovado que acelere el fin del sida y, al hacerlo, refuerce la credibilidad de las Naciones Unidas ante las crisis que se avecinan.
Erika Castellanos
Directora ejecutiva, GATE | Líder en políticas y acceso a la salud global | Experta en VIH y transgénero con enfoque en las comunidades | Gobernanza en el Fondo Mundial, ONUSIDA y WPATH | Alianzas, MEL, riesgo y cumplimiento | EN/ES | Con sede en los Países Bajos, ámbito global.
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