En el mes de la
mujer, queremos difundir parte de las investigaciones que ha desarrollado el
equipo de ULA MUJER, instancia de la Universidad de Los Andes (Mérida,
Venezuela) dedicada a los derechos de las mujeres en el contexto universitario
y regional.
Según ULA Mujer, en la citada
recomendación general número 33, el Comité de la CEDAW estableció que la
justicia para las mujeres víctimas de VBG debe ser accesible y estar
disponible. Esto significa que los Estados deben asegurar a las víctimas la
existencia de tribunales cercanos a sus lugares de residencia, que cuenten con
presupuesto suficiente, condiciones aptas para todas las víctimas y debido
mantenimiento.
«La accesibilidad se refiere a condiciones
de seguridad y adaptación a las necesidades de las víctimas respondiendo a
criterios como capacidad económica, movilidad y no discriminación con un
enfoque interseccional», detalla el informe sobre El derecho a la
justicia de las mujeres en Venezuela. Al respecto, la investigación
encontró que las mujeres con alguna
discapacidad que son víctimas de VBG, no cuentan con atención
especializada acorde a sus necesidades, desde la inexistencia de vías de acceso
para sillas de ruedas en los organismos de atención hasta la falta de personal
que conozca el lenguaje de señas para personas sordomudas.
En el noveno informe periódico que
Venezuela presentó ante el Comité de la CEDAW en 2021 —con tres años de retraso—,
el gobierno aseguró que, hasta diciembre de 2020, la jurisdicción especial en
materia de delitos de violencia contra la mujer estaba conformada por 22
circuitos judiciales ubicados en 19 estados, en los que había un total de 106
tribunales especializados.
«No obstante, en contraste con la
información anterior, en abril de 2024, en un video para la cuenta oficial de
la Comisión de Justicia de Género del TSJ en la red social Instagram, esta
comisión informa que existen tribunales especializados funcionando solo en 18
estados de Venezuela, y el resto estaría cubierto desde 2019 bajo la figura de
los tribunales penales municipales», señala el informe de Acceso a la Justicia
y otras 22 organizaciones.
Además de lo anterior, «solo
Bolívar, Táchira y Zulia disponen de tribunales en centros poblados distintos a
su capital», agrega el informe. Esto afecta a las mujeres que viven lejos de
las principales ciudades del país, sobre todo a quienes habitan
en zonas rurales.
En cuanto a las condiciones físicas
de las instituciones de atención a las víctimas, testimonios recogidos por los
investigadores coinciden en la precariedad de las instalaciones de estos
lugares. A lo anterior se suman «fallas graves en aspectos específicos del
propósito de estas instituciones, como espacios adecuados para proveer respeto,
protección, seguridad y confidencialidad a las víctimas», señala el informe.
La accesibilidad y disponibilidad
también se refieren a la información que las mujeres deben recibir sobre sus
derechos, riesgos y formas de VBG. No obstante, el informe concluyó que
«las campañas comunicacionales sobre
la prevención y atención de la violencia de género son las grandes ausentes en
la política comunicacional».
Leer más: Encuesta revela que 6 de cada 10
mujeres andinas han sido víctimas de violencia digital
No hay comentarios:
Publicar un comentario