En el mes de la
mujer, queremos difundir parte de las investigaciones que ha desarrollado el
equipo de ULA MUJER, instancia de la Universidad de Los Andes (Mérida,
Venezuela) dedicada a los derechos de las mujeres en el contexto universitario
y regional.
Según ULA Mujer, la
justiciabilidad es la garantía de que las víctimas tengan acceso sin
restricciones a todos los órganos del sistema de justicia. «Esto implica que
los profesionales del sistema judicial deben manejar los casos con una
perspectiva de género, garantizando la independencia, imparcialidad e
integridad de la judicatura», precisa el informe.
En síntesis, la justiciabilidad
requiere de la existencia de medidas de seguridad y protección para las
víctimas, la garantía de acceso a expedientes sin limitaciones ni impedimentos
y la debida recaudación de experticias necesarias para lograr, en la etapa
probatoria, los elementos de convicción suficientes. El informe reveló que, en
estos tres requisitos, hay fallas del Estado.
Interpretaciones judiciales
erróneas, burocracia y falta de personal que ejecute y monitoree las medidas de
seguridad y protección a la víctima son las principales causas de la indefensión que padecen
las mujeres que sufren VBG. «Yo tuve un juicio, yo pasé por todo
un proceso penal, donde me tuve que esconder porque a pesar de que tenía
medidas de protección y seguridad, el agresor no las respetaba», dijo una
sobreviviente de violencia a los investigadores del informe.
En cuanto a la garantía de acceso a
expedientes, la investigación liderada por Acceso a la Justicia mostró que no
se cumple por demoras en la asignación de números, corrupción y falta de
recursos para imprimir. «Es muy difícil el acceso a los expedientes (…) pasaron
prácticamente 6 años de seguimiento del caso de mi mamá y nunca pude acceder al
expediente», dijo una víctima indirecta consultada para el informe.
La falta de celeridad, de personal capacitado y
de adecuado tratamiento de las víctimas constituye factores de revictimización
en el proceso de práctica de experticias necesarias para recabar elementos probatorios.
Los investigadores conocieron casos de mujeres que tuvieron que esperar entre
dos y tres meses para la asignación de cita para la experticia psicológica, así
como otros donde el personal de salud pública rechazó involucrarse en la
investigación por temor a enfrentar represalias por parte de los involucrados.
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