LIGA MERIDEÑA EN RESPUESTA AL VIH SE PRONUNCIA ANTE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN EL ESTADO MERIDA. VENEZUELA

1. Las organizaciones que conforman la Liga Merideña en Respuesta al VIH, en nuestra condición como personas jurídicas comprometidas con la Defensa de los Derechos Humanos, La Educación, Prevención de La Infección por VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual, temas de salud sexual y reproductiva, y afines; residentes en Mérida, hacemos pública nuestra preocupación por la situación al derecho humano a la salud de las personas con VIH en El Estado Mérida en lo referido a la falta de reactivos para la realización de exámenes especializados tales como: carga viral, cd4/cd8, toxoplasmosis, citomegalovirus, serología de hepatitis; así como la necesidad de médicos especialistas (Infectólogo) para complementar la atención, y las limitaciones relativas al acceso a fuentes de financiamientos provenientes de la Cooperación Internacional, en la República Bolivariana de Venezuela. 2. Aun cuando La Constitución de La Republica establece en su artículo 85 que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, existen fundadas razones para afirmar que existe una vulneración flagrante de este derecho y que se cometen graves violaciones y daños irreparables a la vida y salud del colectivo de pvvs reconocidos y garantizados en nuestro texto Constitucional. 3. Frente al desconocimiento del principio de progresividad del goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, tal como reza el artículo 19 de La Constitución, así como de los Tratados y Convenios Internacionales, en particular lo establecido en el Protocolo de San Salvador (art. 10), Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, numeral 1° y 2° literal c y d). 4. Ante el aumento reiterado de infecciones por VIH en el Estado Mérida, donde sólo en el período de enero a marzo del 2015 fueron reportados 92 nuevos casos de personas con VIH, de las cuales el 50% había desarrollado sida y 20 de ellas fallecieron. 5. Considerando que la mitad de los nuevos casos por VIH están sucediendo en personas entre las edades de 15 hasta los 29 años, es decir, en adolescentes y jóvenes. 6. Ante los altos costos de la anticoncepción de barrera, como los condones masculinos, producto de la crisis estructural venezolana que alcanza el índice inflacionario más alto del mundo con 141,5%. 7. De cara a la escasez de insumos médicos, que ha desplazado la gratuidad de la prueba del VIH hacia su acceso sólo por medio de laboratorios privados. 8. Hacia el declive de la sostenibilidad de las ONG en Venezuela, debido a los escasos recursos para responder al VIH, producto de: • La eliminación de los fondos de responsabilidad social de los entes públicos, según Gaceta Oficial N°40727, donde se centraliza lo concerniente a esta responsabilidad en un fondo único a ser manejado directamente por el Despacho de la Presidencia, pero del cual no se maneja ninguna información respecto a su funcionamiento y acceso. • La prohibición de financiamiento internacional a organizaciones con fines políticos constituidas en Venezuela, según la Ley de Defensa y Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, publicada en gaceta oficial extraordinaria N° 6013 • Los controles de cambios de divisas que imposibilitan la recepción de financiamiento internacional. 9. Alertamos a las instituciones que deben garantizar y proteger los derechos humanos tales como La Defensoría del Pueblo; así como a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en especial a Onusida y la Organización Panamericana de la Salud. 10. No serán garantizadas las metas 90 90 90 derivadas de la agenda internacional, mientras en Venezuela exista: diagnósticos tardíos del VIH, ausencia de campañas en prevención, concientización y testeo del VIH junto a los avances más deficientes de la región para alcanzar una educación sexual integral, déficit estructural en la atención gratuita del VIH, recursos insuficientes para responder al VIH y barreras legales que frenan la respuesta eficaz y sostenida de la epidemia. 11. Responsabilizamos de las consecuencias a la vida y salud de las personas con VIH, así como del retroceso en la prevención primaria, que se deriven de la falta de garantías del derecho a la salud y la negligencia a las autoridades de Salud del Estado Mérida y Nacionales de, a saber: Corporación Regional de Salud del Estado Mérida, Gobernación del Estado Mérida, Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes y El Ministerio del Poder Popular para La Salud. 12. Instamos a que, se garantice la Atención, Prevención, Tratamientos y Vigilancia, como parte del compromiso asumido en el Plan estratégico Nacional 2012-2016 para la respuesta al VIH y otras ITS en el cual se obligó a “desarrollar los mecanismos necesarios para velar por su implementación, ejecución y control” (pág. 7.) Mérida, 10 de marzo de 2016